¿Por qué protestamos?

Son tantas las cosas que ocurren a diario, tantos y tantos los abusos del régimen de Nicolás Maduro, que con cierta facilidad podemos olvidar cual es la razón fundamental de la protesta que a lo largo y ancho del país mantiene a los venezolanos en la calle manifestando.

Nicolás Maduro y los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dieron un golpe de Estado el 29 de marzo de 2017 mediante la sentencia 156 en la cual eliminó las competencias de la Asamblea Nacional y se las quedaba para sí misma. Así lo dijo ese Tribunal golpista: “…esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Sin mayores consideraciones, sin prurito alguno, la Sala Constitucional clausuró de facto la Asamblea Nacional robándole, cual atracadores, sus competencias (utilizo el término jurídico-penal “robo”, esto es, un delito que consiste en el apoderamiento de bienes ajenos de otras personas, empleando para ello fuerza en las cosas, violencia o intimidación).

Un golpe de Estado es una medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de otro, y lo que hizo la Sala Constitucional, sin duda alguna, no es más ni nada menos que un Golpe de Estado ya que procedió al cierre de un Poder Público por la fuerza, rompiendo el hilo constitucional.

El Estado de Derecho tiene cuatro aristas fundamentales: el principio de legalidad, que consiste en que el Estado sólo puede hacer lo que tiene expresamente permitido por la Ley; la separación de poderes, que implica la existencia de órganos del Poder Público autónomos e independientes entre sí, que hagan pesos y contrapesos entre ellos para asegurar que un Poder no se considere superior y magnánimo frente a los otros sino que exista equilibrio dentro del Estado; control por parte de los tribunales y que enjuicien de manera imparcial las actuaciones estatales y; responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales para que no haya impunidad.

El Golpe de Estado del 27 de marzo es tal porque un Poder, el Poder Judicial, eliminó con fuerza e intimidación a otro Poder, el Poder Legislativo.

Vale destacar que la Sala Constitucional pretendió enmendar la locura que había cometido con la sentencia 158 del 1° de abril, dictada tres días después, diciendo que dejaban sin efecto la golpista sentencia 156. Sin embargo, como el ordenamiento jurídico venezolano no permite al juez revisar sus propias sentencias, esa sentencia 158 simplemente no existe ni es válida en el mundo jurídico, por lo que los efectos de la sentencia 156 que robó las atribuciones a la Asamblea Nacional y dio un golpe de Estado se mantienen en plena vigencia. Es decir, el golpe de Estado continúa al día de hoy.

Este golpe de Estado final –ya que realmente el chavismo ha venido dando muchos golpes de Estado desde 1992, cosa que explicaré en otro momento- vino a ser la gota que derramó el vaso y agotó la paciencia de los venezolanos, que tenemos dieciocho años, y muy especialmente los últimos cuatro años, viviendo gobiernos que hacen todo para que vivamos en las peores condiciones posibles, con una escasez atroz de alimentos y medicamentos, con un sistema público de salud en el piso, con una educación pública penosa, con una delincuencia que se ha apoderado del país, con venezolanos muriendo de hambre y de mengua a los cuales se les puede ver en cualquier esquina buscando comida en las bolsas de basura, con unos paramilitares armados por el propio régimen –llamados colectivos- que se han apoderado del control del orden público.

Es contra eso que estamos protestando en Venezuela desde hace más de cuarenta días. La represión mediante la cual la Guardia Nacional y las Policías del régimen de Maduro han asesinado a más de cincuenta venezolanos, el aumento de la escasez de alimentos y medicinas en las últimas semanas, la inflación más galopante que nunca y, en fin, la crisis política, económica y social que nos tiene incluso casi a punto de quedar excluidos del sistema interamericano, son consecuencias directas del golpe de Estado que dieron el golpista Nicolás Maduro y Juan José Mendoza, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega, Luis Damiani Bustillos, Lourdes Suárez Anderson y Federico Fuenmayor Gallo, siete sinvergüenzas que están usurpando cargos de magistrados de la Sala Constitucional.

Por ello protestamos. Y seguiremos protestando.

Twitter: @rojasperezm