Terrorismo de Estado

Comúnmente, el terrorismo constituye una forma de lucha irregular propio de núcleos de activistas de organizaciones extremistas opositoras a un régimen o sistema determinado, que cometen hechos atroces de los cuales se hace víctima indiscriminada a sectores de la población generalmente ajenos al conflicto. El terrorismo puede ser masivo (como la colocación de explosivos en servicios públicos, lugares de alta afluencia de personas, etcétera) o selectivo (secuestros, atentados y ejecuciones de individualidades). Pero también puede ser perpetrado por el Estado a través de organismos regulares e identificados de represión (ejército, policías, servicios de inteligencia) o por organismos como bandas armadas de delincuentes comunes a quienes el gobierno enrola a cambio de perdón y de las que a veces también forman parte individuos de los entes oficiales. El terrorismo de Estado también puede ser masivo o selectivo y afecta por igual a personas involucradas en la situación que se quiere reprimir o a gente totalmente ajena al evento. Los terroristas siempre piensan que es un método eficaz de resolver los conflictos a favor de quien lo promueve, pero en los hechos se ha demostrado una y otra vez que con el terrorismo a la larga siempre pierde quien lo emplea.
Si el terrorismo no gubernamental es absolutamente abominable, tanto peor es el terrorismo de Estado porque se supone que en toda sociedad civilizada es el ente público quien está legalmente dotado de las armas y comanda los organismos de represión y debe evitar y combatir toda forma de violencia irregular en vez de emplearla como instrumento de control.
En nuestro país, víctima involuntaria de una dictadura fallida y forajida, el promotor exclusivo del terrorismo masivo y selectivo es el gobierno y sus hechos son casi imposibles de enumerar: bombardeo de manifestaciones pacíficas con gases tóxicos; disparos con armas de fuego sobre la población desarmada; utilización de equipos mecanizados y unidades artilladas y blindadas; lanzamiento de bombas contra centros comerciales, viviendas, escuelas, clínicas, hospitales y hasta ancianatos; ejecuciones sumarias y tiros de gracia; asesinatos de personas detenidas, postradas e inermes; detención indiscriminada de transeúntes, muchos de ellos ajenos a las manifestaciones, posteriormente torturados para arrancarles confesiones e imputar a dirigentes opositores a quienes ni siquiera conocen; sometimiento de detenidos a juicios militares inconstitucionales sin debido proceso, sin defensa ni pruebas; incomunicación de prisioneros; torturas; privación de asistencia médica y medicinas a imputados políticos; allanamientos masivos de viviendas (la denominada “operación tuntún”), revocación y decomiso de instrumentos de identificación como cédulas de identidad y pasaportes; intercepción de líneas telefónicas y correos electrónicos; instalación de equipos de rastreo y escucha a distancia; falsificación de documentos; siembras de drogas, armas y explosivos para incriminar a disidentes; prohibiciones de viajar dentro y fuera del país y un sinfín de tropelías cuyo único límite es la imaginación de los sátrapas que nos mal gobiernan.
Escribo estas líneas el viernes 26, fecha en la que el terrorismo de Estado presenta una lista macabra de 58 muertos, mayoritariamente jóvenes y adolescentes, miles de heridos y presos sometidos a diferentes procesos de privación ilegítima de la libertad, casi todos bajo la inconstitucional justicia militar, mucho más asquerosa, vil y abyecta que la de por sí putrefacta justicia civil.
Por Henry Ramos Allup
Publicado en el semanario de “El Nuevo País” el domingo, 28 de mayo de 2017.